El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha lanzado un ambicioso plan de reestructuración estatal denominado "El Digesto", que busca simplificar la administración pública mediante la eliminación de leyes, resoluciones y decretos obsoletos, así como la fusión o disolución de organismos descentralizados. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el objetivo es reducir el tamaño del Estado, optimizar recursos y aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos.

Durante una entrevista televisiva, Sturzenegger explicó que el proyecto abarca la revisión de aproximadamente 700,000 decretos, de los cuales solo 70,000 están digitalizados. "El objetivo es hacer una limpieza muy fuerte para que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos", afirmó el ministro. Entre los organismos que podrían ser afectados se encuentran la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), entre otros.

El plan también incluye la centralización de funciones en áreas clave, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que verá reducidos sus trámites. Sin embargo, no todos los organismos serán eliminados; algunos serán fusionados o transformados para mejorar su eficiencia. Por ejemplo, el ENRE y Enargas se integrarán en una nueva entidad reguladora única.

El proyecto ha generado tensiones políticas y resistencias dentro del propio gobierno, ya que muchos funcionarios buscan mantener sus áreas de influencia. Además, se anticipan despidos y reubicaciones de personal, lo que podría generar conflictos laborales. A pesar de estas dificultades, el gobierno sostiene que la medida es necesaria para reducir el gasto público y mejorar la competitividad económica del país.

En el contexto de la "Ley Bases", que otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias hasta julio de 2025, el gobierno busca implementar estos cambios antes de que expire el plazo. "Cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que paga la gente", argumentó Sturzenegger, quien también destacó que la reducción del déficit fiscal es clave para aliviar la presión tributaria.

El anuncio ha generado reacciones mixtas. Mientras que algunos sectores apoyan la medida como un paso hacia la modernización del Estado, otros, como el gobierno de Mendoza, han expresado preocupación por la continuidad de ciertos controles esenciales, como los realizados por la CNRT. En el ámbito económico, el gobierno asegura que estas reformas permitirán reducir impuestos y fomentar la inversión, aunque los críticos advierten sobre posibles impactos negativos en el empleo y la calidad de los servicios públicos.

Con un plazo ajustado y múltiples desafíos por delante, "El Digesto" se perfila como una de las iniciativas más controvertidas y ambiciosas de la administración de Javier Milei.