El Gobierno argentino derogó la resolución 118/2012, que imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas, mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La medida, publicada el 19 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, elimina el decálogo de requisitos técnicos que regía desde hace 14 años y otorga al INPI la potestad de evaluar cada solicitud de patente de medicamentos de manera individual, conforme a la ley argentina y sin restricciones adicionales.

La decisión generó reacciones opuestas en el sector. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios extranjeros, celebró la reforma como un avance hacia la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia de propiedad intelectual. Según CAEME, la actualización normativa es fundamental para atraer inversiones, fomentar la innovación y facilitar la llegada de nuevas terapias al país. El gobierno, por su parte, sostiene que la medida moderniza el sistema de patentes y protege la propiedad intelectual, alineando a Argentina con los estándares internacionales y abriendo oportunidades para la integración en cadenas globales de valor.

En contraste, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que representa a laboratorios nacionales, expresó su preocupación por el posible aumento de monopolios a través de las denominadas patentes de "evergreening", que protegen innovaciones menores y pueden obstaculizar la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares. CILFA destacó que la política anterior permitió ahorros estimados en hasta 3.321 millones de dólares para 2025, beneficiando tanto a los sistemas de salud públicos como privados y ampliando el acceso a tratamientos.

Expertos del sector, como Sonia Tarragona de la Universidad ISALUD, advirtieron sobre el riesgo de extender artificialmente la protección de patentes y el impacto en los precios de los medicamentos. Sin embargo, el gobierno aseguró que la reforma no afectará los productos ya comercializados y que el INPI mantendrá un análisis riguroso y científico de cada solicitud.

El cambio normativo responde, en parte, a compromisos asumidos en acuerdos comerciales internacionales, especialmente con Estados Unidos. El debate de fondo enfrenta la necesidad de incentivar la innovación y la inversión con la de garantizar el acceso y la competencia en el mercado farmacéutico argentino. Las consecuencias de la reforma dependerán de la implementación y del equilibrio que logre el INPI en la evaluación de las patentes.