En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el proyecto de ley que buscaba modificar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, iniciativa impulsada por los gobernadores y que ya contaba con media sanción del Senado. La votación, realizada cerca de las 3 am, arrojó 126 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, número insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta exigida por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

La exigencia de mayoría especial fue justificada por Menem citando el artículo 75 inciso 3 de la Constitución, debido a que el proyecto modificaba asignaciones específicas de recursos coparticipables. Sin embargo, este criterio fue rechazado por la oposición, que argumentó que la mayoría absoluta solo es necesaria cuando se quitan fondos a las provincias, no cuando se les devuelven recursos. Germán Martínez y Nicolás Massot expresaron su desacuerdo, recordando precedentes legislativos recientes.

El proyecto proponía la eliminación de varios fondos fiduciarios nacionales, como los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda, para redistribuir esos recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, establecía nuevos porcentajes de distribución para el impuesto a los combustibles: 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. La iniciativa buscaba una asignación más equitativa y directa de los fondos, simplificando el sistema financiero y mejorando el control sobre los recursos públicos.

Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la ausencia de numerosos diputados, muchos de ellos ligados a gobernadores que originalmente habían apoyado el proyecto. Entre los ausentes se contaron legisladores de Provincias Unidas y otros bloques aliados, lo que resultó determinante para el fracaso de la iniciativa. El Frente de Izquierda se abstuvo, mientras que la Coalición Cívica votó en contra.

La tensión política entre el oficialismo de Javier Milei y el bloque peronista fue evidente durante el debate. El peronismo advirtió que si los gobernadores colaboraban con Milei para aprobar la reforma de la ley de DNU, se bloquearía el tratamiento del reparto del impuesto a los combustibles. Finalmente, el rechazo del proyecto implica que los fondos seguirán siendo administrados por el gobierno nacional, manteniendo el actual esquema de distribución y dejando en suspenso las expectativas de mayor autonomía financiera para las provincias.

El resultado de la votación marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, en un contexto de creciente tensión fiscal y política. Las próximas semanas serán clave para definir el rumbo de futuras negociaciones legislativas y el impacto en la gestión de recursos públicos.