El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario dictó sentencia condenatoria contra 17 integrantes de una organización narcocriminal que operaba en las localidades santafesinas de Arroyo Seco y Fighiera, y que había extendido sus actividades a la ciudad de Rosario. La investigación, que se inició en octubre de 2022 tras una denuncia anónima sobre la venta de drogas en Arroyo Seco, permitió desarticular una red dedicada al tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio organizado.

Los principales condenados fueron Sergio Jesús Fleitas, identificado como proveedor, quien recibió una pena de 6 años y 4 meses de prisión, y Felipe Antonio Lombardi, encargado del acondicionamiento, transporte y cobro de dinero, condenado a 6 años de prisión. Ambos fueron considerados autores del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. A Fleitas se le sumó el cargo de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Los otros quince imputados recibieron penas de entre 3 y 4 años de prisión, algunas de ejecución condicional.

La pesquisa, liderada por la Fiscalía Federal N°3 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyó intervenciones telefónicas y allanamientos simultáneos en 20 domicilios: 16 en Arroyo Seco, 3 en Rosario y 1 en Fighiera. En los procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos utilizados por los investigados. Además, se detectaron vínculos con otros traficantes en Rosario, donde se incautó un revólver calibre .38 Special.

El proceso judicial culminó el 16 de octubre de 2025, cuando los acusados aceptaron resolver su situación procesal mediante un juicio abreviado, admitiendo los hechos y las penas requeridas. El juez Eugenio Martínez homologó el acuerdo y dictó sentencia condenatoria, imponiendo multas por más de 7 millones de pesos y el decomiso de seis vehículos.

Las autoridades judiciales y policiales consideran el fallo un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región, aunque advierten que podrían persistir ramificaciones activas. El caso refleja la coordinación entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado en el sur santafesino.