El Gobierno argentino dispuso el pago de una indemnización de 11.000 dólares a Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, condenado por múltiples homicidios, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión, oficializada mediante el decreto 577/2025 y publicada en el Boletín Oficial, responde a la condena internacional por violaciones a las garantías judiciales durante uno de los juicios contra Álvarez.

La CIDH, en su fallo de noviembre de 2023, determinó que el Estado argentino vulneró derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el acceso a un recurso efectivo para recurrir la condena. Entre las irregularidades señaladas, se destaca que Álvarez permaneció esposado durante las audiencias y que su defensa fue designada de oficio, con escaso tiempo para preparar el caso. "Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal", expresó el organismo internacional.

El monto de la indemnización, que incluye 1.000 dólares por daño material y 10.000 por daño inmaterial, deberá ser abonado en el plazo de un año desde la notificación oficial, ocurrida en noviembre de 2023. El pago será realizado con fondos del Tesoro Nacional, según lo dispuesto por el decreto firmado por el presidente Javier Milei y los ministros de Justicia, Economía y Relaciones Exteriores.

Guillermo Álvarez, conocido como "El Concheto", lideró en los años noventa la denominada "banda de los chicos bien", responsable de violentos asaltos y homicidios en restaurantes y bares de lujo. Entre sus víctimas se cuentan el empresario Bernardo Loitegui, el subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre y la estudiante María Andrea Carballido. Además, fue condenado por el asesinato de un compañero de celda en la cárcel de Caseros.

Tras el fallo de la CIDH, la Cámara de Casación Penal anuló el juicio oral de 1999 y ordenó la realización de un nuevo proceso judicial. Álvarez, quien permanece detenido en la cárcel de Devoto, se recibió de abogado y ha llevado adelante su propia defensa en los últimos años.

La decisión de indemnizar a un múltiple homicida ha generado controversia en la opinión pública, pero el Estado argentino reafirma su compromiso con los tratados internacionales de derechos humanos. El caso pone en debate el alcance de las garantías procesales y la obligación de reparación ante violaciones, incluso en situaciones de extrema gravedad.