El Gobierno argentino anunció el lanzamiento de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, que implica la privatización de más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. La medida, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla la licitación pública nacional e internacional de dos tramos principales: el Sur–Atlántico–Acceso Sur, que abarca 1.325 kilómetros, y el Pampa, con 547 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa.

Según el ministro Caputo, el objetivo es reemplazar el actual modelo deficitario por uno "transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", alentando la inversión privada y cuidando los recursos de los argentinos. El financiamiento para las empresas adjudicatarias será ofrecido por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que dispuso hasta $56.000 millones bajo un esquema fiduciario de garantía y fondeo, con plazos de hasta seis años para el repago y un año de gracia.

El anuncio se realizó tras una reunión entre el presidente Javier Milei y veinte gobernadores en la Casa Rosada, en la que se discutieron las demandas de obra pública y la necesidad de avanzar en reformas estructurales. El Gobierno, que busca mantener el superávit fiscal exigido por el FMI y acreedores internacionales, sostiene que la gestión privada de las rutas permitirá ahorrar recursos estatales y mejorar la eficiencia en el mantenimiento y operación de la infraestructura vial.

La segunda etapa de la Red Federal de Concesiones forma parte de un proceso más amplio de privatizaciones, que incluye empresas estatales y centrales hidroeléctricas. El Ejecutivo espera que estas medidas generen ingresos extraordinarios para afrontar vencimientos de deuda externa y reducir el déficit operativo de empresas públicas. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas de sectores opositores, que advierten sobre la entrega de patrimonio nacional y el posible impacto social de las privatizaciones.

En el plano político, persisten disputas internas en el Gobierno y negociaciones con el PRO sobre el control de áreas estratégicas, como el transporte y la hidrovía. Empresarios han mostrado interés en las licitaciones, mientras el Gobierno asegura que el nuevo esquema permitirá una infraestructura vial más moderna y competitiva. El proceso incluye instancias de participación ciudadana y audiencias públicas, en un contexto de presión por parte de los gobernadores y expectativas de inversión privada.