La planta de pisos cerámicos ILVA, una de las más importantes del país, cerró sus puertas en Pilar, provincia de Buenos Aires, dejando a más de 300 trabajadores sin empleo y desatando un conflicto sindical de gran magnitud. El cierre, que se formalizó a comienzos de septiembre, fue atribuido por la empresa a la caída del consumo, la apertura de importaciones y el contexto macroeconómico adverso. Sin embargo, los gremios y trabajadores rechazan estos argumentos y denuncian que la empresa busca reducir costos y reabrir con personal más precarizado.

La comunicación del cierre se realizó a fines de agosto a través de mensajes de WhatsApp, y en los primeros días de septiembre comenzaron a llegar los telegramas de despido, invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar solo el 50% de las indemnizaciones en caso de crisis. Los trabajadores, apoyados por la Federación Obrera Ceramista (FOCRA) y otros sindicatos, sostienen que la empresa no cumplió con los requisitos legales para acogerse a este régimen y que, además, adeuda salarios de la última quincena trabajada.

El conflicto escaló rápidamente, con acampes y protestas en la planta de Pilar, cortes de ruta y manifestaciones frente a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense vence el 4 de octubre, pero hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo y la empresa no ha presentado propuestas de pago en las audiencias convocadas.

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával, visitaron a los trabajadores despedidos y expresaron su apoyo, comprometiéndose a gestionar soluciones para resguardar los empleos y garantizar el pago de las indemnizaciones. "Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo", afirmó Kicillof durante una reunión en la planta.

El caso de ILVA se inscribe en un contexto de crisis para la industria cerámica argentina, que enfrenta una retracción de ventas del 25 al 30% y una mayor competencia de productos importados. Otros cierres industriales recientes en Pilar, como el de la multinacional Magnera, agravan la situación laboral en la región. Los gremios advierten que el cierre de ILVA puede sentar un precedente negativo para otras fábricas en crisis y reclaman una intervención más activa del gobierno nacional.

Mientras tanto, más de 300 familias esperan una definición sobre su futuro laboral y el pago de las indemnizaciones adeudadas, en un clima de creciente tensión social y política.