El Gobierno nacional oficializó una reforma clave en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, permitiendo que, a partir de 2027, los productores agropecuarios puedan elegir libremente a veterinarios privados acreditados por el Senasa para la aplicación de las vacunas obligatorias. La medida, establecida por la Resolución Senasa 201/2026, busca ampliar la competencia en el sector, reducir los costos para los productores y mantener los estándares de control sanitario.

Hasta ahora, la vacunación estaba a cargo de entes sanitarios regionales, lo que generaba situaciones de monopolio y diferencias de precios entre zonas. Productores y entidades rurales venían reclamando mayor flexibilidad y la posibilidad de elegir prestadores, argumentando que el sistema actual los mantenía "cautivos" y enfrentando costos elevados. "Al tener al productor cautivo por una cuestión sanitaria, se fue degenerando", expresó Arnoldo Mazzino, presidente de la Asociación Rural de Salliqueló, quien denunció diferencias de hasta un 40% en el costo de la dosis entre distritos.

Con la nueva normativa, los titulares de establecimientos ganaderos deberán informar su decisión a Senasa a través de un sistema de autogestión, con una antelación mínima de 30 días para las campañas sistemáticas. Si no se designa un veterinario privado, el establecimiento continuará vinculado al ente sanitario local. Los veterinarios privados deberán estar acreditados por Senasa, garantizar la conservación de las vacunas y registrar las aplicaciones en el sistema oficial.

El cambio también coincide con la apertura del mercado de vacunas, tras la autorización a Tecnovax para importar una vacuna bivalente desde Brasil, lo que introduce competencia frente a laboratorios tradicionales como Biogénesis Bagó. El gobierno sostiene que la reforma no afectará los controles ni la trazabilidad sanitaria, y que se mantendrán los mecanismos de fiscalización.

La reorganización del calendario sanitario, con dos campañas anuales de vacunación antiaftosa y cambios en la aplicación de la vacuna contra carbunclo, implica nuevos desafíos para los productores, quienes deberán adaptarse a los plazos y requisitos para evitar inconvenientes administrativos o sanitarios. La medida es parte de una política más amplia de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Ejecutivo, que busca modernizar y flexibilizar el sector agropecuario argentino.