El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicio de Salud, resolvió dar de baja a diez empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales. La medida, oficializada este viernes mediante el Boletín Oficial y firmada por la supervisora técnica Silvia Noemí Viazzi, se enmarca en un plan del Poder Ejecutivo para reordenar y transparentar el sistema de salud argentino.

Según informaron las autoridades, la decisión responde a la necesidad de depurar el registro de agentes y actualizarlo, con el objetivo de brindar mayor transparencia y reglas claras tanto para los usuarios como para las empresas que operan en el sector. "La medida se enmarca en el proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema", detalló la Superintendencia en el comunicado oficial.

Las empresas afectadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, ni demostraron actividad real o cantidad de afiliados suficiente. Con esta nueva disposición, ya suman 162 las entidades que han sido excluidas desde el inicio de la actual gestión, en el marco de las acciones de fiscalización impulsadas por el Gobierno. En enero, incluso, se eliminaron hasta 20 entidades en una sola publicación del Boletín Oficial.

Entre las prepagas recientemente dadas de baja se encuentran Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima, Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

El Gobierno argumenta que estas acciones buscan asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que cumplen con la normativa y compiten libremente en el mercado. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas de las empresas afectadas. La medida se inscribe en una política más amplia de control y ordenamiento del sector salud, en un contexto donde la transparencia y la regulación son desafíos centrales para el sistema privado argentino.