El paro nacional de controladores aéreos iniciado el viernes 22 de agosto por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) continúa generando complicaciones en la operación de los principales aeropuertos argentinos. La medida, que se extenderá hasta el sábado 30, responde a un reclamo salarial del 45% y a denuncias de precarización laboral, tras diez meses de sueldos congelados y la falta de propuestas concretas por parte de las autoridades.

Durante las franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22, los controladores no autorizan despegues, aunque garantizan los aterrizajes y la seguridad aérea. En la primera jornada, más de 12.000 pasajeros y cerca de 100 vuelos se vieron afectados, con cancelaciones y demoras que impactaron especialmente en Aeroparque y Ezeiza. Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio bloqueó la salida de nueve vuelos fuera de los horarios de paro, perjudicando a más de 800 personas en esos casos puntuales.

El conflicto escaló tras el fin de la conciliación obligatoria y la falta de avances en las negociaciones. "En septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento. Desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito", señaló Julián Gaday, representante de ATEPSA. Por su parte, Aerolíneas Argentinas lamentó los inconvenientes y reafirmó su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, recomendando a los pasajeros utilizar los canales de autogestión para reprogramar sus vuelos.

Las principales aerolíneas, como LATAM, JetSMART y Flybondi, implementaron alternativas para que los pasajeros afectados puedan modificar sus viajes sin costo adicional. El Gobierno y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) acusan al gremio de mantener una postura intransigente y de afectar un servicio público esencial garantizado por ley.

El paro de controladores aéreos pone en evidencia la tensión entre la gestión del sistema aéreo argentino y la garantía de derechos laborales, en un contexto de precarización y falta de planificación operativa. El conflicto promete continuar, con nuevas jornadas de medidas previstas para los próximos días, mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas y los pasajeros deben adaptarse a las modificaciones en la programación de vuelos.