El Estado argentino deberá indemnizar con 11.000 dólares a Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, condenado por múltiples homicidios, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión, oficializada mediante el Decreto 577/2025, responde a la sentencia internacional que determinó graves irregularidades en el proceso judicial llevado adelante en 1999 por el Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal.

La CIDH concluyó que durante el juicio se vulneraron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el acceso a una defensa técnica eficaz y el derecho a recurrir la sentencia ante un tribunal superior. "Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal", expresó el comunicado del organismo internacional. El fallo ordena, además, una revisión amplia de la condena impuesta a Álvarez, quien permanece recluido en la cárcel de Devoto.

El monto de la indemnización, fijado en equidad por la CIDH, incluye 1.000 dólares por daño material y 10.000 dólares por daño inmaterial. El pago debe efectuarse en el plazo de un año desde la notificación formal, ocurrida en noviembre de 2023. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y los ministros de Interior, Justicia, Economía y Relaciones Exteriores, quienes subrayaron la obligación de acatar sentencias internacionales de derechos humanos.

Guillermo Álvarez fue condenado por una serie de homicidios cometidos en 1996, entre ellos el del hijo del ex ministro de Obras Públicas Bernardo Loitegui, un policía de civil y una estudiante. También se le adjudicó el asesinato de un compañero de pabellón en la cárcel de Caseros. De clase acomodada y con estudios en colegios privados, Álvarez lideraba una banda que operaba en zonas de alto poder adquisitivo y reclutaba jóvenes en barrios vulnerables. Su perfil psicológico fue descripto por peritos como el de un "narcisista, psicópata perverso".

El caso ha generado debate sobre la validez de la prisión perpetua y el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos en Argentina. Mientras la defensa de Álvarez sostiene que la situación actual representa una "involución" respecto a sus derechos carcelarios, fuentes penitenciarias minimizan el caso, señalando que otros presos también esperan revisión de penas. La revisión de la condena y el pago de la indemnización marcan un precedente en la relación entre el sistema judicial argentino y los organismos internacionales.