El juicio oral por el intento de asesinato a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzó este miércoles hacia su etapa final, con la exposición de los alegatos de la querella en los tribunales de Comodoro Py. Los abogados que representan a la exmandataria, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, solicitaron al Tribunal Oral Federal N° 6 la condena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados como coautores del atentado perpetrado el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.

La querella fundamentó su pedido en la gravedad del hecho, incluyendo agravantes por violencia de género y el uso de arma de fuego. Sabag Montiel fue señalado como el responsable de accionar el arma a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, mientras que Uliarte fue identificada como organizadora y partícipe activa en la planificación del ataque. Durante el juicio, Sabag Montiel admitió su intención de asesinar a la exvicepresidenta, y se presentaron pruebas fílmicas y testimoniales que respaldan la acusación.

En contraste, Nicolás Carrizo, considerado jefe de la denominada "banda de los Copitos", fue excluido de la acusación por la querella, que argumentó la falta de elementos probatorios suficientes para vincularlo al intento de homicidio. Cristina Kirchner respaldó esta decisión, afirmando que no utiliza el derecho penal como herramienta política.

El alegato incluyó fuertes críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti, responsable de la instrucción, por presuntas irregularidades en el manejo de pruebas clave, como el celular de Sabag Montiel, y por la supuesta obstrucción de líneas de investigación. Los abogados de la querella también señalaron la influencia de discursos mediáticos y la "cultura de odio" como factores que contribuyeron al atentado.

El tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, escuchará el próximo 20 de agosto la acusación de la fiscal Gabriela Baigún, seguida por los alegatos de las defensas. El proceso ha generado gran expectativa pública y se considera un caso emblemático en el debate sobre violencia política y de género en Argentina. El veredicto final se espera en las próximas semanas, con posibles implicaciones para el sistema judicial y el clima político nacional.