El Gobierno argentino anunció la suspensión de más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, tras una auditoría exhaustiva realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, responde a la detección de múltiples irregularidades en la asignación de estos beneficios durante gestiones anteriores.

Según Adorni, "la ANDIS suspendió más de 110.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores". Además, se dieron de baja otras 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y unas 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente. El funcionario detalló que el 60% de los beneficiarios no asistió a las auditorías médicas convocadas para verificar su situación, lo que también motivó la suspensión de los beneficios.

La auditoría reveló casos de fraude y documentación médica duplicada, como radiografías y ecocardiogramas utilizados en múltiples expedientes. "En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio", explicó Adorni. El Gobierno estima que el ahorro mensual para el Estado por estas bajas asciende a 35 mil millones de pesos.

El proceso de revisión abarca pensiones otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, excluyendo a menores de edad y personas ya auditadas en 2024. Las autoridades aclararon que las bajas no son definitivas: quienes regularicen su situación podrán recuperar el beneficio.

El anuncio se produjo en medio de un clima de tensión política, tras el rechazo en la Cámara de Diputados del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que aumenta el presupuesto para el sector. El Gobierno criticó duramente la decisión parlamentaria, calificando el sistema como "corrupto" y señalando que "gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema".

Por su parte, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad manifestaron su preocupación por el impacto de los recortes y exigieron mayor sensibilidad estatal. La Justicia investiga las irregularidades y el presunto desvío de fondos, estimado en 1.000 millones de dólares anuales.

El debate público se centra en la necesidad de garantizar transparencia y equidad en la distribución de los beneficios, sin desproteger a los sectores más vulnerables. El Gobierno sostiene que la medida busca redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan, mientras que los críticos advierten sobre el riesgo de dejar sin cobertura a personas con discapacidad genuina.