En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la panadería Dignidad Chivilcoy, un taller protegido de producción para personas con discapacidad, enfrentan una grave situación económica debido a la falta de pago de sus sueldos por parte del Estado desde enero de 2023. Este emprendimiento, que emplea a 30 personas, forma parte de los 236 talleres protegidos que operan en Argentina, brindando oportunidades laborales a más de 6,000 personas con discapacidad.

La problemática no es nueva. Según datos oficiales, solo el 12.6% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen empleo en el país. Aunque la Ley 26.816 establece un régimen federal de empleo protegido, esta aún no ha sido reglamentada, lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Actualmente, los empleados de estos talleres perciben un peculio mensual de $28,000, un monto que no se ajusta al costo de vida actual y que es significativamente menor al ingreso de un jubilado que percibe la mínima.

Durante una sesión informativa el pasado 16 de abril, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la deuda estatal y prometió saldar los pagos adeudados junto con el sueldo de mayo. Sin embargo, no se especificó una fecha concreta para la reglamentación de la ley ni para la mejora de los ingresos de los trabajadores. "El Estado les sigue fallando", afirmó Darío Corrao, miembro de la comisión directiva de Dignidad Chivilcoy, quien también destacó la importancia de estos talleres para las familias de personas con discapacidad.

Mónica Pissarro, presidenta de la Federación de Talleres Protegidos, denunció que los talleres están en emergencia económica y legal. "La modalidad de trabajo está validada por ley, pero los organismos estatales la tratan como si fuera asistencia social", señaló. Además, explicó que los ingresos de los trabajadores se componen de un peculio estatal, becas provinciales y un plus otorgado por las organizaciones, pero estos montos son insuficientes para garantizar condiciones laborales dignas.

En la provincia de Buenos Aires, 186 talleres reciben financiamiento adicional del gobierno provincial, que incluye una beca de $24,000 para el trabajador y $32,000 por trabajador para la organización. Sin embargo, estos fondos no alcanzan para cubrir los costos operativos ni para mejorar los ingresos de los empleados.

La situación de los talleres protegidos refleja una problemática más amplia en la inclusión laboral de personas con discapacidad en Argentina. Aunque existen leyes que buscan garantizar su acceso al empleo, la falta de reglamentación y de incentivos en el sector privado limita sus oportunidades. "Lo ideal sería que los trabajadores mejoraran sus condiciones de empleabilidad y pudieran integrarse al mercado formal, pero lamentablemente no es lo que ocurre", concluyó Pissarro.

La comunidad local y organizaciones civiles han mostrado preocupación por la sostenibilidad de estos espacios, que no solo brindan empleo, sino también un sentido de dignidad y pertenencia a sus trabajadores. La situación exige una respuesta urgente por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.