La Cámara Nacional Electoral de Argentina resolvió este lunes excluir a la expresidenta Cristina Kirchner del padrón electoral, impidiéndole votar en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión revoca el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había mantenido a Kirchner en el padrón a pesar de la condena firme por corrupción en la causa Vialidad.

La exclusión de Kirchner se fundamenta en la legislación argentina, que establece que las personas condenadas a penas de prisión mayores a tres años quedan inhabilitadas para votar. La Cámara Electoral argumentó que la habilitación para votar debe ser solicitada por el interesado o el Ministerio Público, y no dictada de oficio, como ocurrió en este caso. Además, subrayó que la sentencia de primera instancia no realizó un análisis concreto de la naturaleza del delito ni de la condena, requisitos exigidos por la jurisprudencia.

El fallo inicial de la jueza Borruto se basó en precedentes que consideran la prohibición automática de votar como violatoria de derechos fundamentales, pero la Cámara Electoral recordó que corresponde al Congreso legislar sobre el derecho al voto de personas condenadas, algo que aún no ha sucedido. Por lo tanto, la exclusión de Kirchner del padrón electoral sigue vigente.

Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, no podrá votar ni postularse en los comicios, aunque continúa activa en la política y mantiene influencia en el armado electoral del peronismo. Hasta el momento, la expresidenta no ha realizado declaraciones públicas sobre la decisión judicial.

Desde el entorno del peronismo, se sostiene que Kirchner es víctima de una persecución judicial, mientras que la Cámara Electoral insiste en que la exclusión responde al cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos. El fallo es considerado un trámite administrativo y no se prevén cambios significativos en la campaña electoral del kirchnerismo.

La decisión de la Cámara Nacional Electoral pone de relieve la necesidad de una legislación específica sobre el derecho al voto de personas condenadas, un debate que permanece abierto en Argentina. La exclusión de Kirchner marca un precedente relevante en la aplicación de las normas electorales y en la relación entre justicia y política en el país.