El gobierno de Javier Milei enfrenta su mayor crisis desde que asumió la presidencia, según coinciden medios nacionales e internacionales. La reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por más de 13 puntos frente al peronismo, ha sido interpretada como un fuerte mensaje de descontento social y político. A este revés se suman escándalos de corrupción que involucran a Karina Milei, hermana y secretaria de la Presidencia, y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que ha deteriorado la imagen de un gobierno que se presentaba como ajeno a las prácticas tradicionales de la política argentina.

El impacto de estos acontecimientos se reflejó rápidamente en los mercados: el peso argentino cayó un 4% y los bonos soberanos en dólares perdieron alrededor de 6 centavos por dólar, antes de una leve recuperación. Además, por primera vez desde el inicio de la gestión, el índice de aprobación presidencial cayó por debajo del 40%, según datos citados por el Financial Times.

En respuesta a la crisis, el presidente Milei canceló un viaje a España y se mostró "inusualmente arrepentido", según la prensa internacional. El gobierno convocó a una mesa política nacional y federal, buscando mejorar el diálogo con gobernadores y otros actores clave. Sin embargo, la falta de consensos en el Congreso y la debilidad numérica del oficialismo dificultan la aprobación de reformas estructurales en materia tributaria, laboral y previsional.

El escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei y supuestos sobornos a farmacéuticas ha dañado la narrativa de Milei como outsider dispuesto a limpiar la política. Aunque el gobierno niega las acusaciones, encuestas muestran que la mayoría de la población les da crédito.

Analistas advierten que, si el oficialismo no logra recomponer alianzas y credibilidad antes de las elecciones de octubre, la crisis podría profundizarse. El futuro de las reformas económicas y políticas dependerá en gran medida de la capacidad del presidente para tender puentes con gobernadores, empresarios y sindicalistas, en un contexto de creciente presión social y volatilidad económica.