El Gobierno nacional declaró en situación de crisis a cuatro obras sociales tras detectar múltiples irregularidades administrativas, legales y prestacionales. La medida, oficializada este martes a través del Boletín Oficial, afecta a la Obra Social Fedecámaras, la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A. Todas ellas deberán presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días para evitar su posible liquidación.

Según las resoluciones 939/2025 a 942/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las entidades superaron el “factor de criticidad” establecido en el Decreto 1400/01, lo que activó el régimen de crisis. Entre las principales irregularidades detectadas figuran la falta de presentación de estados contables, presupuestos de gastos y recursos, ausencia de documentación médico-asistencial y deficiencias en la información brindada a los beneficiarios.

En el caso de Fedecámaras y Técnicos de Fútbol, la Gerencia de Control Económico Financiero constató la ausencia de documentación clave, mientras que OSAPMER tampoco entregó la cartilla de beneficiarios ni los contratos de prestaciones de salud. Por su parte, Volkswagen Argentina S.A. no exhibió la información obligatoria para los usuarios, según lo exige la normativa vigente.

El titular de la SSS, Gabriel Gonzalo Oriolo, firmó las resoluciones y advirtió que, de no cumplirse con la presentación de los planes de contingencia, las entidades podrían ser liquidadas. “Se acabó el tiempo de los desmanejos con la salud de los beneficiarios”, enfatizó el Gobierno, que busca transparentar el sistema y garantizar servicios de calidad.

El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación será el encargado de supervisar el cumplimiento de los planes presentados por las obras sociales. Esta medida se suma a otras similares adoptadas en los últimos meses, en un contexto de mayor control sobre las entidades que administran recursos públicos en el sector salud. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es lograr un sistema transparente y competitivo, donde los beneficiarios puedan elegir libremente entre los agentes del seguro de salud.