El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría enfrentar este martes 6 de mayo un paro de colectivos de 24 horas, convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida, que afectará a más de 300 líneas de transporte público, surge tras el fracaso de las negociaciones salariales entre el gremio y las cámaras empresariales.

El conflicto se centra en el reclamo de un aumento del salario básico de $1.200.000 a $1.700.000 por parte de los choferes, mientras que las empresas ofrecieron incrementos menores al 6% y sumas no remunerativas. La UTA calificó estas propuestas como una "falta de respeto" y un "ataque a la dignidad" de los trabajadores, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

El paro, que también tendrá alcance nacional, afectará tanto a servicios de corta como de media distancia. Se estima que millones de usuarios se verán perjudicados, enfrentando dificultades para movilizarse en el inicio de la semana laboral. Además, las empresas de transporte argumentan que las tarifas congeladas desde hace más de ocho meses y los altos costos operativos complican aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo.

El Gobierno, por su parte, convocó a una reunión de última hora para este lunes 5 de mayo, en un intento por evitar la medida de fuerza. Sin embargo, desde la UTA se mostraron pesimistas sobre las posibilidades de un acuerdo. Gabriel Gusso, secretario gremial del sindicato, afirmó que "no hay ninguna razón para levantar el paro".

El reciente cambio en la Secretaría de Transporte, con la asunción de Luis Pierrini, añade incertidumbre al conflicto. Pierrini, un empresario del sector de seguros sin experiencia previa en transporte, enfrenta el desafío de mediar entre las partes en un contexto de tensas negociaciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instó al gremio a suspender la medida para dar tiempo al nuevo secretario de Transporte a analizar la situación. Sin embargo, la UTA se mantiene firme en su postura, argumentando que las propuestas empresariales no son suficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores.

De concretarse el paro, el impacto social y económico será significativo. Los usuarios deberán buscar alternativas de transporte, muchas veces más costosas o inaccesibles, mientras que las empresas de colectivos advierten sobre las graves consecuencias financieras de una nueva paralización del servicio. El desenlace de este conflicto será clave para determinar el futuro del transporte público en el AMBA y otras regiones del país.