El próximo martes 6 de mayo, más de 300 líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían paralizarse debido a un paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida, que afectará a millones de usuarios, surge tras el fracaso en las negociaciones salariales entre el gremio y las cámaras empresariales, y la finalización del período de conciliación obligatoria impuesto por el Gobierno.

El conflicto se centra en el rechazo de la UTA a una propuesta salarial que consideran insuficiente. Según el gremio, la oferta incluye un aumento menor al 6% para los meses de febrero a junio, además de pagos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 en mayo, junio y julio, respectivamente. "Es absurdo seguir escuchando propuestas que avasallan nuestra dignidad", expresó el sindicato en un comunicado oficial.

Por su parte, las cámaras empresariales argumentan que el sector enfrenta un déficit del 40% en su estructura de costos, lo que limita su capacidad para ofrecer mejoras salariales. También señalaron que las tarifas están desactualizadas en comparación con otras jurisdicciones, lo que agrava la situación financiera de las empresas.

En un intento por evitar la medida de fuerza, el Gobierno ha convocado a una nueva audiencia de conciliación para el lunes 5 de mayo. Sin embargo, la UTA ha dejado claro que, de no llegar a un acuerdo, el paro será inevitable. "No vamos a tolerar esta farsa prolongada ni permitir que se siga poniendo en juego el poder adquisitivo de los trabajadores", afirmó el Consejo Directivo Nacional del gremio.

El conflicto también ha tenido repercusiones políticas. En medio de la crisis, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue reemplazado por Luis Pierrini, un empresario mendocino cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. La salida de Mogetta ha generado especulaciones sobre su posible candidatura en las próximas elecciones, mientras que Pierrini asume el cargo con el desafío de mediar en un conflicto que afecta a millones de personas.

El paro, de concretarse, impactará significativamente en la movilidad de más de 9 millones de pasajeros que dependen del transporte público en el AMBA. La situación pone de relieve las tensiones económicas y políticas que atraviesa el país, y deja en manos del Gobierno y las partes involucradas la responsabilidad de encontrar una solución antes del martes.