La justicia argentina dictó condenas contra una red de lavado de dinero vinculada al Comando Vermelho, la organización criminal brasileña que recientemente protagonizó una masacre en Río de Janeiro. El Tribunal Oral Federal N° 7 sentenció a cinco ciudadanos brasileños que operaban desde la Ciudad de Buenos Aires, blanqueando fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Los acusados reconocieron su culpabilidad y accedieron a juicios abreviados, recibiendo penas de tres años de prisión en suspenso, además de multas que superan los 2.000 millones de pesos y el decomiso de bienes de lujo.

La investigación, iniciada en 2022 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló un entramado financiero que utilizaba criptomonedas, empresas pantalla y transferencias informales para canalizar dinero ilícito entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. El grupo, liderado por Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang —ambos prófugos—, gestionó más de 500 millones de dólares en criptoactivos, además de adquirir inmuebles y vehículos de alta gama para dar apariencia legal a los fondos.

El fiscal Diego Velasco detalló que los condenados actuaron como partícipes necesarios, colaborando en la gestión y aplicación de activos virtuales y en la compra de bienes. Las operaciones incluyeron depósitos fraccionados en efectivo desde distintas sucursales del país y la utilización de testaferros para movilizar grandes sumas de dinero. El tribunal ordenó el decomiso de más de 271.000 dólares, 18 millones de pesos, 28.000 reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en más de 130 millones de pesos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró el estado de máxima alerta en las fronteras norte y noreste de Argentina, ante la posibilidad de que miembros del Comando Vermelho intenten ingresar al país tras el operativo en Brasil. Expertos en crimen organizado advierten sobre el alcance regional de estas organizaciones y la necesidad de reforzar la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y el narcotráfico.

El caso continúa abierto, con investigaciones en curso y la búsqueda de los líderes prófugos. La justicia argentina mantiene la vigilancia sobre posibles nuevas maniobras de lavado y la expansión de redes criminales en el país, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad regional.