Miles de personas se movilizaron en Mendoza y Córdoba el 17 y 18 de septiembre en defensa de la universidad pública y el financiamiento educativo, en el marco de la Tercera Marcha Federal Universitaria. La convocatoria, encabezada por autoridades universitarias, gremios docentes y estudiantiles, reunió a más de 20.000 manifestantes en Mendoza y una multitud en Córdoba, quienes reclamaron la sanción de la ley de financiamiento universitario y rechazaron el veto presidencial impuesto por Javier Milei.

En la Plaza Independencia de Mendoza, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez, destacó la importancia de la educación pública como acto de justicia y denunció la grave crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades. "La pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30 por ciento y cada mes se pronuncia más. La crisis salarial y de condiciones laborales que padecen quienes trabajan como docentes y nodocentes no tiene precedentes", afirmó Sanchez, quien también advirtió sobre la fuga de docentes e investigadores hacia el sector privado y el exterior.

En Córdoba, la Universidad Nacional convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad a marchar desde el Monumento de la Reforma hacia el centro de la ciudad. El rector Jhon Boretto remarcó la unidad de rectores y gremios en el reclamo y señaló que el retraso salarial cercano al 40% pone en riesgo el funcionamiento universitario. "El reclamo no es por un aumento nuevo del presupuesto, sino por recuperar una pérdida muy significativa, especialmente en salarios y gastos de funcionamiento", explicó Boretto.

La manifestación contó con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales y autoridades provinciales, como el gobernador Martín Llaryora, quien expresó públicamente su respaldo a la universidad pública y la necesidad de garantizar oportunidades educativas para todos. Representantes estudiantiles y sindicales enfatizaron que el presupuesto oficial para 2026 es insuficiente y que la falta de actualización de becas y programas de asistencia excluye a miles de estudiantes.

El Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado advirtiendo que la crisis de financiamiento, si no se revierte, será terminal para el sistema universitario y científico argentino. El documento, firmado por rectores y gremios, exige al Senado y al presidente la pronta promulgación de la ley de financiamiento y destaca el rol de la universidad pública como motor de movilidad social y desarrollo nacional.

La movilización reflejó el amplio consenso social en defensa de la educación pública y la ciencia, y dejó en claro que la comunidad universitaria y la sociedad argentina no están dispuestas a resignar derechos ni calidad educativa. El futuro de la universidad pública depende ahora de la decisión política en el Congreso y el Ejecutivo nacional.