Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) ha puesto en alerta a autoridades y especialistas al revelar la presencia de niveles elevados de arsénico en el agua de consumo en varias provincias argentinas. El relevamiento, basado en más de 350 muestras de aguas superficiales y subterráneas, indica que más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio, que abarca provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa, muestra que el problema, históricamente focalizado en Buenos Aires, se ha extendido a otras regiones. El arsénico, un contaminante de origen natural vinculado a procesos geológicos y la formación de la Cordillera de los Andes, se encuentra principalmente en acuíferos subterráneos y afecta especialmente a comunidades que dependen de pozos domiciliarios.

Jorge Stripeikis, director de Ingeniería Química del ITBA, explicó que mientras el agua de red en grandes ciudades cumple con los estándares internacionales, el verdadero riesgo se concentra en zonas rurales y localidades pequeñas donde el acceso al agua depende de perforaciones individuales, muchas veces fuera de los controles oficiales. Stripeikis subrayó que la exposición prolongada al arsénico puede desencadenar hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad que incrementa el riesgo de cáncer y otras afecciones graves.

Las autoridades sanitarias y empresas como AYSA han emitido comunicados para tranquilizar a la población urbana, asegurando que el agua distribuida en el Área Metropolitana de Buenos Aires cumple con los límites permitidos y que no se recomienda el uso de pozos particulares. Sin embargo, especialistas advierten que la vigilancia y el monitoreo deben intensificarse, especialmente en zonas vulnerables.

El informe del ITBA también destaca que la mayoría del arsénico presente en los acuíferos argentinos es de la variedad menos tóxica, aunque la falta de inversión y políticas federales ha perpetuado la desigualdad en el acceso a agua segura. El debate sobre la gestión y financiamiento del sistema de agua potable se reaviva en el contexto de propuestas de privatización y subsidios desiguales, mientras expertos y organizaciones reclaman soluciones integrales y sostenidas para garantizar la salud pública y la equidad en todo el país.