El caso de Brisa Páez, una joven marinera de 21 años, ha puesto en el centro del debate público la violencia institucional y de género en las fuerzas armadas argentinas. Durante un entrenamiento antidisturbios realizado el pasado 4 de abril en la base naval de Vicente López, Páez sufrió graves lesiones que la llevaron a estar en coma inducido durante dos semanas. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis miembros de la Armada por su participación en los hechos, incluyendo a la expareja de la víctima, quien recibió prisión preventiva.

Según la investigación judicial, el principal agresor, el cabo segundo Juan Gabriel Escobar, propinó una patada que derribó a Páez, causándole un cuadro de "status epiléptico" que requirió intubación y sedación. La jueza calificó el ataque como "lesiones graves triplemente agravadas" por alevosía, violencia de género y abuso de autoridad. Otros cinco miembros de la Armada fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque sin prisión preventiva.

El incidente ocurrió en un contexto de irregularidades. Testigos declararon que Páez no recibió asistencia médica inmediata tras el golpe y que el entrenamiento continuó a pesar de su estado. Además, se reveló que la joven no había recibido la capacitación previa necesaria y que había participado en el ejercicio a pesar de no estar en condiciones físicas adecuadas, ya que recientemente había sufrido un aborto espontáneo.

La jueza Arroyo Salgado destacó en su fallo la "preocupante distancia" entre las prácticas observadas en la Armada y las normativas legales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos. También ordenó medidas para proteger a la víctima, como la prohibición de contacto por parte de los procesados, y solicitó al Ministerio de Defensa y al Senado que revisen los protocolos de entrenamiento militar.

El caso ha generado una fuerte reacción social y política. Organismos de derechos humanos y sectores políticos han condenado el incidente como un ejemplo de violencia institucional y de género. Además, se ha cuestionado la formación y supervisión en las fuerzas armadas, así como la implementación de la Ley Micaela en estos ámbitos.

En paralelo, la Armada inició una investigación interna para determinar las sanciones correspondientes a los implicados. Se prevé que las penas incluyan bajas y retiros obligatorios para los responsables directos. Este caso subraya la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas armadas para prevenir abusos de poder y garantizar el respeto a los derechos humanos.