Una madre que accedió a un departamento a estrenar mediante el plan Procrear enfrenta una compleja disputa judicial tras prestar su vivienda a una amiga en situación vulnerable. Mariela, madre de una niña con discapacidad, recibió las llaves de su departamento en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, en marzo de 2023. Debido a que aún tenía vigente un contrato de alquiler, decidió posponer su mudanza y, en un gesto solidario, prestó el inmueble a una amiga recién separada y víctima de violencia de género.

El acuerdo se realizó bajo la figura de comodato gratuito, con la condición de que la ocupante cubriera expensas y servicios. Sin embargo, al solicitar la devolución del departamento en marzo de 2024, Mariela se encontró con la negativa de su amiga, quien le manifestó: “No me voy a ir”. El conflicto escaló rápidamente y derivó en una demanda de desalojo. El abogado de Mariela, Diego Martín Proietti, calificó la ocupación como “clandestina y absolutamente ilegítima”.

En julio de 2025, el Juzgado Civil N° 67 falló a favor de Mariela y ordenó el desalojo en un plazo de diez días. No obstante, la ocupante apeló la medida, alegando que existía un contrato de alquiler de 75.000 pesos mensuales y que el departamento presentaba problemas edilicios. Además, denunció hostigamiento por parte de Mariela y presentó una denuncia penal.

El abogado de Mariela sostuvo que la defensa carece de sustento, ya que solo se presentaron comprobantes de expensas y no de alquiler. Mientras tanto, la ocupante compartió mensajes desafiantes en redes sociales y el conflicto se trasladó a la vida cotidiana del complejo, generando molestias entre los vecinos por ruidos y discusiones.

Actualmente, Mariela debe afrontar el pago de su contrato de alquiler, las cuotas del crédito hipotecario y los gastos judiciales, sin poder disponer de la vivienda adjudicada. La resolución del caso está en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá definir si se confirma el desalojo o prospera la apelación. El expediente podría sentar un precedente sobre las consecuencias legales y personales de los acuerdos informales en materia habitacional, especialmente en el contexto de viviendas sociales otorgadas por políticas públicas.