El escándalo por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra sumó un nuevo capítulo tras la ampliación de la demanda colectiva presentada en los tribunales de Nueva York. Por primera vez, el documento judicial menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como la funcionaria que habría autorizado el ingreso de Hayden Davis, principal acusado, a la Casa Rosada.

Según el escrito de 110 páginas firmado por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, Karina Milei permitió el acceso de Davis el 16 de julio de 2024, con visitas que se repitieron hasta enero de 2025, poco antes del lanzamiento de $Libra. El presidente Javier Milei es citado más de 50 veces en la demanda, principalmente por su promoción pública de la criptomoneda en la red social X, lo que habría impulsado a miles de inversores a comprar el activo.

La demanda, que no acusa directamente a Milei ni a su hermana, sí destaca el rol decisivo de ambos en el desarrollo del caso. Los abogados de los inversores afectados acusan a Davis y otros empresarios de crimen organizado, estafa y asociación ilícita bajo la Ley RICO, y solicitan juicio oral y público, decomiso de ganancias y resarcimiento a los damnificados. Entre las pruebas presentadas figuran chats y mensajes en los que Davis afirma tener influencia sobre el presidente y su hermana, e incluso haberles enviado dinero.

El caso $Libra se inscribe en una serie de fraudes con criptomonedas que han afectado a inversores en todo el mundo. La Ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir asociaciones ilícitas, es la base de la acusación. El impacto del posteo de Milei en redes sociales, que generó un pico de interés y operaciones, es señalado como un factor clave en el éxito del fraude.

Martín Romero, uno de los damnificados, declaró: "Ya no se discute si hubo delito, sino quién sale con las manos limpias". Mientras tanto, la defensa de los involucrados busca desvincularse de las acusaciones y minimizar el rol de los funcionarios argentinos. El avance de la causa en EE.UU. podría tener repercusiones políticas y judiciales en Argentina, en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre funcionarios y empresarios del sector cripto.