Funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el programa Incluir Salud se encuentran bajo investigación judicial tras la filtración de audios y documentos que sugieren la existencia de maniobras de recaudación ilegal y corrupción, con conexiones a gestiones anteriores del PRO y Cambiemos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Según los audios difundidos, Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Andis, denuncia que Daniel Garbellini, designado en junio de 2024, habría organizado un sistema de recaudación ilegal dentro del organismo, involucrando a varios colaboradores con antecedentes en administraciones macristas. Spagnuolo afirma que "a mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente", en referencia a Garbellini, y detalla que el equipo de este último tenía experiencia en gestiones previas del PRO y Cambiemos, incluyendo cargos en las intendencias de Morón y Pilar.

El fiscal Franco Picardi ordenó nuevos allanamientos en las oficinas de Andis a fines de agosto, en busca de pruebas sobre las presuntas irregularidades. Entre los implicados figuran Pablo Atchabahian, exjefe directo de Garbellini durante la gestión Cambiemos, y Darío Mizrahi, asesor legal del área, quien ya había sido citado en causas anteriores por compras de medicamentos. Atchabahian terminó su gestión con una causa penal por facturación duplicada y deudas a prestadores, mientras que Mizrahi negó irregularidades en contrataciones, aunque sigue bajo investigación judicial.

Las grabaciones también mencionan a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem como posibles beneficiarios de las maniobras, y sugieren que el presidente Javier Milei estaba al tanto de la situación. Spagnuolo sostiene que "pedían dinero a prestadores" y que existía un sistema de recaudación mensual ilegal, con montos que podrían alcanzar los 30.000 dólares por mes.

El programa Incluir Salud, encargado de gestionar medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad, ha sido objeto de controversias desde la gestión de Mauricio Macri, cuando se descentralizó el servicio de transporte y se generaron deudas con prestadores. Las investigaciones actuales buscan esclarecer el alcance de las irregularidades y el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.

La causa, que involucra a exfuncionarios del PRO y Cambiemos, así como a actuales integrantes de la gestión mileísta, podría tener implicaciones significativas para la administración de políticas de salud y discapacidad en el país. La justicia continúa indagando los vínculos y el posible desvío de fondos públicos, mientras los actores implicados defienden la legalidad de sus acciones.