María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, fue asesinada en el barrio porteño de Balvanera tras ser atacada por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. El hecho ocurrió al mediodía sobre la avenida Corrientes, cuando la víctima fue abordada y golpeada, lo que le provocó una caída y un fuerte traumatismo en la cabeza. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital y llegó con vida, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

El agresor, de 30 años, fue detenido a pocas cuadras del lugar tras atacar a otra persona. Según fuentes policiales y judiciales, acumulaba al menos 15 causas previas por delitos graves y había sido declarado inimputable en varias ocasiones, además de registrar múltiples internaciones en hospitales psiquiátricos. Actualmente, permanece bajo custodia policial en el Hospital Borda, mientras la Justicia evalúa su situación procesal.

La familia de María Vilma enfrenta una situación angustiante: el cuerpo de la víctima sigue retenido en la morgue judicial y los trámites para la repatriación se encuentran demorados por el pase de competencia entre la fiscalía porteña y la nacional. "Me están torturando desde hace dos semanas. Quiero llevar el cuerpo a Brasil, donde está toda la familia", expresó su hija Carolina Bizinotto, quien reclama celeridad y un entierro digno para su madre.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en la ciudad y la falta de control sobre personas con antecedentes psiquiátricos y penales en situación de calle. Vecinos y comerciantes de la zona relatan el aumento de episodios violentos y la presencia de individuos con graves problemas mentales, mientras autoridades policiales reconocen la dificultad de intervención y la insuficiencia de recursos para abordar la problemática.

Periodistas y especialistas advierten sobre los vacíos en las políticas públicas de salud mental y el ciclo de reincidencia de agresores inimputables, que quedan fuera del sistema penal sin un seguimiento efectivo. El caso de María Vilma se suma a otros episodios recientes que evidencian la necesidad de reformas estructurales en el abordaje judicial y sanitario de la salud mental en Argentina. La familia y la sociedad reclaman justicia y soluciones para evitar nuevas tragedias.