La reciente decisión de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de exigir la devolución de despachos por parte de los senadores que finalizan su mandato ha generado una ola de tensiones y negociaciones en la Cámara alta. El decreto 488, emitido el 11 de septiembre, establece que los legisladores deben restituir sus oficinas y todo el mobiliario y equipamiento oficial antes del 10 de diciembre, fecha en la que concluyen sus funciones.

La medida, que busca reorganizar los espacios de trabajo y reasignar recursos, encontró resistencia principalmente en el kirchnerismo y el bloque Provincias Unidas, que iniciaron negociaciones para intercambiar oficinas y asegurar posiciones estratégicas. Por su parte, el PRO y los denominados senadores "silvestres" han aprovechado la situación para reclamar mejores ubicaciones, mientras que la UCR se muestra decidida a conservar sus oficinas en el segundo piso del Palacio Legislativo, consideradas clave para su estructura de comunicación interna.

El proceso de relevamiento y reasignación de despachos incluye no solo los espacios físicos, sino también el mobiliario, equipos tecnológicos y documentación administrativa utilizada durante el mandato de los senadores. Esta reorganización ha generado un clima de desconfianza y competencia entre los distintos bloques, con algunos legisladores expresando su malestar por la forma en que se está llevando adelante el proceso. "No puede ser que un jefe se vea impedido de realizar una reunión por una oficina minúscula, y otro cuente con un mega despacho solo para alojar su ego", expresó un opositor durante una reunión reciente.

La situación se desarrolla en un contexto de transición política, donde la administración de Villarruel busca imponer mayor orden y transparencia en el uso de los recursos legislativos. Sin embargo, la práctica histórica de los senadores de conservar sus despachos ha demostrado ser difícil de modificar rápidamente, y la falta de consenso ha convertido el tema en un problema adicional para la gestión actual.

Mientras el kirchnerismo se blinda ante posibles maniobras de la presidencia del Senado y la UCR se prepara para defender sus espacios, los legisladores provinciales y "silvestres" continúan presionando por mejoras. El desenlace de esta disputa podría marcar un precedente en la administración interna del Senado y reflejar el reacomodamiento de fuerzas tras las recientes elecciones.