La exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mariela Parisi, fue imputada por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión fue tomada por el fiscal federal Enrique Senestrari, quien presentó la resolución ante el Juzgado Federal N° 3. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en febrero por Lucas Valdés, que señala presuntas irregularidades financieras y administrativas durante la gestión de Parisi.

Entre los hechos investigados figuran el uso de fondos universitarios para gastos personales, viáticos excesivos en viajes nacionales e internacionales, contrataciones de familiares y compras directas sin licitación. El monto total bajo investigación supera los 70 millones de pesos, según estimaciones de los denunciantes. Una auditoría interna de la UNC identificó al menos nueve situaciones irregulares, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo por parte de la universidad.

La directora de Sumarios de la UNC, Susana Argento, solicitó formalmente al rectorado y al Consejo Superior la apertura de una investigación interna, advirtiendo sobre la gravedad de los hechos y deslindando responsabilidades en caso de inacción. El sumario podría derivar en la apertura de un "juicio académico" contra Parisi, según fuentes del rectorado.

El fiscal Senestrari decidió apartarse del caso tras conocerse que los abogados defensores de Parisi, Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, son también sus letrados personales. El expediente será reasignado a otro fiscal federal, mientras la causa continúa sumando pruebas y testimonios.

Por su parte, Parisi y su defensa niegan categóricamente la comisión de delitos, argumentando que las irregularidades detectadas son meramente formales y no afectan el fondo de la cuestión. El abogado denunciante, José D’Antona, sostiene que la imputación se basa en evidencia suficiente y que los hechos denunciados exceden errores administrativos.

El proceso judicial y administrativo se desarrolla en un contexto de tensiones internas en la UNC, con antecedentes de denuncias previas y auditorías desfavorables. Las autoridades universitarias aseguran que la investigación interna se llevará adelante, mientras se espera la designación del nuevo fiscal que continuará la instrucción de la causa. El caso podría tener implicaciones significativas para la gestión universitaria y la transparencia institucional en Córdoba.