Rosario fue escenario este jueves de una doble jornada de movilización social, en la que confluyeron reclamos por el financiamiento universitario y la lucha contra el consumo problemático de drogas entre jóvenes. Desde horas tempranas, organizaciones sociales, sindicatos docentes, autoridades universitarias y familiares afectados por las adicciones marcharon por el centro de la ciudad, uniendo sus demandas en un mismo recorrido que partió de la Plaza Montenegro y culminó en el Monumento a la Bandera.

La movilización universitaria, impulsada por la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, exigió la aprobación de una ley de financiamiento universitario y denunció la pérdida de casi el 100% del presupuesto frente a la inflación desde noviembre de 2023. “El 80% del personal está por debajo de la línea de pobreza”, advirtió Bartolacci, quien además señaló la renuncia de docentes y la paralización de proyectos estratégicos. La campaña busca reunir un millón de firmas para respaldar el proyecto en el Congreso.

En paralelo, la marcha "Ni un pibe menos por la droga" visibilizó la emergencia social que atraviesan los barrios más vulnerables de Rosario. Madres Territoriales, encabezadas por Betina Zubeldía, compartieron testimonios de dolor y exigieron políticas públicas integrales para la prevención y atención de adicciones. “No queremos hipotecar una cuarta generación de jóvenes”, expresó Zubeldía, reclamando mayor presupuesto y la habilitación de centros de atención.

El padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia, alertó sobre el inicio del consumo en niños desde los 9 años y la falta de contención estatal. “La retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío”, advirtió. La jornada, enmarcada en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, concluyó con un festival artístico y un llamado a la comunidad a involucrarse en la contención y prevención.

La concurrencia, aunque menor que en años anteriores, reflejó la persistencia de la crisis social y educativa. Los organizadores coincidieron en la urgencia de políticas públicas que aborden de manera integral la problemática de las adicciones y el financiamiento educativo, advirtiendo sobre las consecuencias de la falta de recursos y la necesidad de fortalecer las redes comunitarias.