El reciente veto presidencial de Javier Milei a la ley que proponía un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 ha generado preocupación y malestar entre los adultos mayores de Argentina. La medida, que afecta principalmente a quienes perciben haberes mínimos, perpetúa la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y limita el acceso a la jubilación, especialmente para las mujeres, tras la derogación de la moratoria.

Según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en la provincia de La Pampa, el veto implica una pérdida mensual de $4 mil millones para más de 52.000 jubilados nacionales, cifra que se traduce en una menor actividad económica local. A nivel nacional, el ajuste solo por inflación mantiene constante el poder de compra de los haberes, sin permitir una recuperación frente a mejoras salariales o de la recaudación tributaria.

La ley vetada por el presidente había sido aprobada por el Congreso y contemplaba la actualización mensual del bono por inflación, pero no reconocía las pérdidas acumuladas en los últimos años. Diversos fallos judiciales han ordenado reparar esas pérdidas, aunque la Corte Suprema aún no se ha pronunciado al respecto. "Si es verdad que hay equilibrio fiscal, entonces no debería ser un problema darles a nuestros adultos mayores lo que les corresponde. Los jubilados no pueden esperar", expresó Isa Castagnino, intendenta de Victoria, en referencia al impacto del veto y la postura de los diputados entrerrianos.

El sistema previsional argentino enfrenta desafíos estructurales, como la baja cantidad de aportantes y la informalidad laboral, que dificultan el financiamiento de los beneficios. La reforma previsional prevista para 2026 podría aumentar la edad jubilatoria y restringir regímenes especiales, lo que genera incertidumbre entre los beneficiarios. Mientras tanto, jubilados y pensionados continúan litigando por la recomposición de sus haberes, en un contexto de persistente deterioro y falta de respuestas judiciales definitivas.