El Juzgado Federal de Quilmes ordenó suspender la liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato que representa a los trabajadores municipales. La decisión judicial, conocida este lunes, deja sin efecto la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que pretendía iniciar el proceso de cierre de la obra social, argumentando que su bajo número de afiliados —unos 5.000— no garantizaba la sustentabilidad del sistema.

La medida se produce luego de una serie de protestas y un "abrazo solidario" organizado por el gremio frente a la sede de OSPMA en Crucecita, Avellaneda. El sindicato denunció que la liquidación de la obra social pondría en riesgo el derecho a la salud de miles de personas y rechazó los argumentos oficiales sobre supuestos problemas financieros. “OSPMA presenta balances con superávit y tiene todas sus cuentas al día”, aseguraron desde la conducción gremial, y agregaron que la única vez que la entidad fue declarada en crisis fue en 2020, durante la pandemia, para acceder a los Aportes al Trabajo y la Producción (ATP).

El fallo judicial garantiza la continuidad de la cobertura médica para los afiliados y fue celebrado por el sindicato, que destacó el inicio de gestiones con las nuevas autoridades de la Superintendencia para aclarar posibles errores administrativos. En medio del conflicto, se produjo la renuncia del superintendente Gabriel Oriolo, quien fue reemplazado por Claudio Stivelman, funcionario cercano al ministro de Salud, Mario Lugones.

El caso de OSPMA es particular dentro del sistema bonaerense, ya que la mayoría de los trabajadores municipales cuentan con cobertura de IOMA, mientras que en Avellaneda existe una obra social propia. En los últimos meses, la Superintendencia de Servicios de Salud intervino y liquidó varias obras sociales, lo que generó tensiones con distintos sectores sindicales. El gremio interpreta el intento de cierre de OSPMA como parte de esa política de control sobre las entidades del sector.

Por el momento, la obra social continúa funcionando con normalidad y el sindicato reiteró su compromiso con la defensa del derecho a la salud de sus beneficiarios. Se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir tras el cambio de autoridades en el organismo regulador.