A 500 días del inicio del gobierno de Javier Milei, el balance de su gestión económica genera intensos debates entre economistas, analistas y actores políticos. El plan libertario, basado en un fuerte ajuste fiscal y la reducción del gasto público, permitió alcanzar un superávit primario del 1,8% del PBI en 2024, según datos oficiales y el acuerdo ampliado con el FMI. Este resultado se logró principalmente a través de una contracción del gasto del 30% interanual, con recortes en subsidios, jubilaciones, transferencias a provincias y gastos de capital.

La inflación, uno de los principales flagelos de la economía argentina, mostró una desaceleración significativa, con registros recientes en torno al 1,5% mensual. Sin embargo, persisten desafíos estructurales: el riesgo país se mantiene elevado, dificultando el acceso al financiamiento internacional y limitando la llegada de inversiones. Fausto Spotorno, uno de los economistas que participó en el debate organizado por la Fundación Libertad, advirtió que "la inversión extranjera directa está saliendo más que entrando" y que "el equilibrio fiscal es garantía de no tener una crisis financiera, pero no suficiente para atraer capitales".

El ajuste fiscal tuvo un fuerte impacto social. Más de 50.000 empleados públicos fueron despedidos, los salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo y se registraron recortes en salud, educación y ciencia. El Hospital Garrahan y el CONICET se convirtieron en símbolos de la protesta contra el desfinanciamiento, mientras los jubilados mantienen movilizaciones semanales frente al Congreso. El gobierno, por su parte, defiende la necesidad del ajuste y la reducción de impuestos directos y retenciones, aunque las críticas apuntan a que la mayor parte de la población no percibe mejoras y la pobreza sigue en aumento.

En el plano político, la reciente detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner funcionó como catalizador para la unificación de la oposición, generando un clima de mayor tensión institucional. Analistas advierten que la combinación de crisis económica, conflictividad social y polarización política podría derivar en una situación de inestabilidad similar a la vivida en 2001, aunque el gobierno sostiene que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación son bases sólidas para evitar un colapso.

El futuro del plan libertario dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sostener el ajuste sin profundizar la conflictividad social y de la evolución del escenario político, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas. Mientras tanto, el debate sobre los costos y beneficios del modelo continúa dividiendo a la sociedad argentina.