La fiscal de Delitos Complejos del Segundo Turno de Córdoba, Valeria Rissi, ha solicitado a la Cámara Criminal Correccional que el empresario Eduardo Daniel Bersano y Eliana Melina Juárez sean enviados a juicio por presuntas estafas reiteradas y defraudación fiduciaria. Los hechos investigados giran en torno a la venta de departamentos "en pozo" a través de fideicomisos inmobiliarios, que nunca fueron entregados a los compradores, generando un perjuicio económico millonario.

Según la investigación, Bersano y Juárez, en calidad de fiduciario y presidenta de sociedades vinculadas, suscribieron en 2013 el contrato de constitución del Fideicomiso Buenos Aires Privato, comprometiéndose a construir un edificio en 36 meses. Sin embargo, a pesar de recibir aportes millonarios de inversores y vender más de 100 departamentos y 180 cocheras, la obra nunca se inició. Los afectados, atraídos por la publicidad y la reputación previa de Bersano, confiaron en la seguridad de la inversión, pero pronto advirtieron la falta de avances y la imposibilidad de recuperar sus fondos.

La fiscalía sostiene que Bersano paralizó deliberadamente la construcción, dilató respuestas y ocultó la verdadera situación de los proyectos, mientras Juárez colaboraba activamente en la comercialización y administración de los fondos. Intervenciones telefónicas y chats entre ambos revelan la preocupación por las irregularidades y la admisión de responsabilidad por parte de Bersano. "Me equivoqué en todo: socios, administré mal. Y cosas personales muy feas. Pero yo soy el responsable", reconoció el empresario en una conversación filtrada.

La investigación también detectó embargos, deudas impositivas, falta de registros contables y la utilización de fondos de los fideicomisos para otros fines, como inversiones agropecuarias. A pesar de la cantidad de damnificados, la mayoría no denunció formalmente, lo que dificultó el avance judicial. Finalmente, la Justicia ordenó la liquidación judicial del fideicomiso y continúa el proceso penal contra los acusados.

Este caso pone en evidencia los riesgos asociados a la falta de controles en los fideicomisos inmobiliarios y la vulnerabilidad de los inversores ante maniobras fraudulentas. La resolución judicial será clave para determinar responsabilidades y sentar precedentes en el sector.