La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica al condenar al Estado Nacional, la provincia de Jujuy y dos empresas petroleras por la contaminación ambiental en el Parque Nacional Calilegua. El máximo tribunal ordenó el cese de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito y el pozo Ca.e3, así como la ejecución de un plan de recomposición ambiental que deberá concluir antes del 31 de diciembre de 2030.

La causa se originó en 2014, cuando vecinos y guardaparques de la zona presentaron una acción de amparo por daño ambiental colectivo, denunciando la contaminación generada por la actividad petrolera dentro del parque. El fallo de la Corte señala que la explotación impactó gravemente en un área de bosques nativos de alto valor, donde la actividad petrolera está prohibida por la Ley Nacional de Bosques Nativos. Los jueces remarcaron que tanto el Estado Nacional como la provincia de Jujuy incumplieron sus deberes de fiscalización y contralor, permitiendo la continuidad de una actividad manifiestamente ilegal.

El pozo Ca.e3, cuyo abandono había sido dispuesto en 1970, colapsó en 1997, causando graves daños ambientales, entre ellos la contaminación de los arroyos Saladito y Yuto, y afectando la cuenca del río Bermejo. La abogada Patricia Noelia Cazón destacó que la contaminación se extiende desde hace más de 50 años y podría alcanzar la cuenca del río de la Plata. El fallo exige que el plan de saneamiento cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y la Administración de Parques Nacionales.

La sentencia también descarta la responsabilidad directa de otras empresas y del municipio de Yuto, concentrando la condena en los actores principales. Organizaciones ambientales como Greenpeace celebraron la decisión, considerándola un avance significativo en la protección de los bosques nativos y la biodiversidad. Los jueces subrayaron que, en caso de duda, las decisiones deben favorecer la conservación ambiental, priorizando alternativas menos perjudiciales.

El fallo de la Corte Suprema representa un precedente relevante en la jurisprudencia ambiental argentina, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y remediación en áreas protegidas. El proceso de saneamiento y abandono de la actividad petrolera será seguido de cerca por la sociedad civil y especialistas, atentos a su cumplimiento y a las implicancias futuras para la gestión ambiental en el país.