La provincia de Misiones se encuentra conmocionada tras la muerte de una niña de 12 años, oriunda de Colonia Victoria, quien falleció el pasado domingo en el Hospital Samic de Eldorado. La menor había sido internada el 6 de octubre en estado crítico, luego de intentar quitarse la vida, y permaneció más de un mes bajo cuidados intensivos hasta que contrajo un virus intrahospitalario que agravó su situación y provocó su deceso.

La investigación judicial se centra en el presunto abuso sexual que habría sufrido la niña, con su padrastro como principal sospechoso. Un examen médico confirmó lesiones compatibles con acceso carnal, lo que llevó a la detención del hombre identificado como Macario B. Durante su internación, la menor pudo declarar ante la Justicia y señaló directamente a su padrastro como responsable de los abusos. Además, una amiga de la víctima reveló que la niña le había confesado que "prefería morir antes de que él la volviera a violar", testimonio que resultó clave para la apertura de la causa.

El caso también involucra a la madre de la menor, ya que la investigación analiza si ignoró o minimizó las denuncias de su hija, abriendo una línea paralela por posible encubrimiento u omisión de cuidados. Según consta en el expediente, la niña aseguró antes de fallecer que su madre "no le creía".

La Escuela Nº 267 “Santa María del Iguazú”, donde asistía la víctima, suspendió las clases el lunes tras conocerse la noticia, y la comunidad educativa expresó su dolor y solidaridad con la familia. Docentes habían advertido previamente a las autoridades escolares sobre posibles situaciones de abuso, pero no se logró una intervención efectiva a tiempo.

La causa está bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, que continúa con la recolección de testimonios y el análisis de la información reunida. El fallecimiento de la menor complica la situación penal del acusado y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante denuncias de abuso infantil.

El caso ha generado indignación social y renovó el debate sobre la protección de los derechos de los niños y adolescentes en la provincia, mientras la comunidad exige justicia y mayor compromiso institucional para evitar tragedias similares en el futuro.