La Justicia de Paraná investiga un presunto desvío de más de 93 millones de pesos de fondos estatales destinados a cuatro escuelas públicas de gestión privada bajo la órbita del Arzobispado local. El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones de cuentas falsas y comprobantes apócrifos en las instituciones educativas.

El principal imputado es Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de las escuelas Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima. Según la investigación, Godoy habría transferido dinero público a cuentas personales y presentado comprobantes falsos de pagos previsionales, afectando la capacidad de las escuelas para afrontar deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La jueza de Garantías Paola Firpo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Godoy, medida que abarca el período entre 2019 y agosto de 2024. "Parte de ese dinero habría sido desviado a la cuenta personal de esta persona", explicó Conrado Lamboglia, secretario general del CGE. La defensa de Godoy, a cargo de Ricardo Mulone, sostiene que su asistido no fue indagado formalmente y que podrían existir otros involucrados en la maniobra.

El CGE informó que el dinero faltante fue reintegrado a las escuelas afectadas y que se mantiene en contacto con el Arzobispado, que decidió separar a Godoy de sus cargos. "Se logró un acuerdo para reintegrar el dinero que no había sido rendido correctamente", detalló Lamboglia. Por el momento, no se registraron otros casos similares en escuelas privadas bajo supervisión del CGE.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que se amplíe a otros actores que hayan tenido acceso a las cuentas bancarias de las instituciones. El caso pone de relieve la importancia de los controles sobre el manejo de fondos públicos y privados en el ámbito educativo, y sus implicancias podrían extenderse a otras instituciones en la provincia.