El Senado argentino se encuentra en pleno debate sobre el proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca modificar de manera sustancial el régimen de tierras, los procedimientos de desalojo y la integración de barrios populares. El proyecto propone eliminar el límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, manteniendo controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, bajo el argumento de preservar la soberanía nacional. Esta medida ha generado preocupación en sectores de la oposición y bloques dialoguistas, que advierten sobre el riesgo de concentración de tierras y la posible pérdida de control sobre recursos estratégicos.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la reforma de la ley de integración sociourbana, que regula la regularización dominial y la protección frente a desalojos en barrios populares. El proyecto plantea derogar artículos clave que habilitaban expropiaciones y garantizaban la continuidad del proceso de urbanización, además de eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años. Según organizaciones sociales y expertos en vivienda, estos cambios podrían dejar en situación de vulnerabilidad a más de un millón de familias, muchas de ellas con niños y adolescentes, que actualmente residen en asentamientos y villas.

El texto también introduce un sistema exprés de desalojos, reduciendo de diez a tres días el plazo de intimación por falta de pago y agilizando los procesos judiciales para la restitución de inmuebles. Esta medida ha sido duramente criticada por agrupaciones de inquilinos, que sostienen que la normativa dejaría sin protección a quienes enfrentan dificultades económicas temporales, facilitando desalojos inmediatos incluso si la deuda es saldada posteriormente.

En paralelo, el proyecto modifica la normativa sobre manejo del fuego, eliminando restricciones que impedían la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas, una medida que, según el Gobierno, busca restituir el derecho de propiedad, pero que para sectores ambientalistas podría incentivar prácticas especulativas y poner en riesgo ecosistemas sensibles.

El oficialismo argumenta que la ley vigente ha mostrado resultados limitados en la regularización de la tenencia y que los cambios propuestos permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica. Sin embargo, la oposición y sectores dialoguistas insisten en la necesidad de introducir modificaciones para evitar consecuencias negativas sobre la población más vulnerable y los recursos naturales del país. El debate continúa en comisiones, mientras el Gobierno negocia apoyos para lograr la aprobación del proyecto en el recinto.