El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), resolvió dar de baja a dos obras sociales del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) por no haber subsanado irregularidades detectadas desde hace más de dos años. Las entidades afectadas son la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, ambas declaradas en crisis y sin avances en la normalización de sus balances financieros ni operativos.

La decisión fue oficializada mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la SSS. Según fuentes oficiales, durante el período de crisis, la Superintendencia formuló observaciones y solicitó documentación que no fue presentada por las administraciones de las obras sociales, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales excluidas del RNAS en la última semana, en el marco de un proceso de auditoría y control intensificado por el Gobierno. Además, se iniciaron trámites de baja para otras entidades, como la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

El Gobierno aseguró que los beneficiarios de las obras sociales dadas de baja tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud. Podrán ejercer el derecho de opción de cambio a otro agente, y en caso de no hacerlo, la SSS asignará una cobertura de similares características. "No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja", señalaron desde la Superintendencia.

El titular del organismo, Gabriel Oriolo, explicó que el objetivo es "velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran". El proceso de liquidación será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis.

Estas acciones se enmarcan en la política oficial de depurar el sistema de salud, eliminando entidades que solo buscaban subsidios sin brindar servicios efectivos. Cambios recientes en la fórmula de subsidios han afectado a numerosas obras sociales, especialmente a aquellas con menos de 5.000 afiliados, generando una reducción en sus ingresos y una mayor presión para cumplir con los requisitos legales y administrativos. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan garantizar la transparencia y la calidad en la prestación de servicios de salud en Argentina.