La Iglesia Católica argentina lanzó una dura advertencia al gobierno nacional al denunciar el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables del país. En una declaración titulada “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación por la retirada del Estado en estos territorios, lo que, según los obispos, facilita la consolidación de organizaciones narco como "Estados paralelos" que captan a jóvenes a cambio de su dignidad y, muchas veces, de su vida.

El comunicado, firmado por los obispos Marcelo Colombo (Mendoza), Ángel Rossi (Córdoba), Daniel Fernández (Jujuy) y Raúl Pizarro (San Isidro), subraya que la ausencia de políticas de prevención y asistencia, así como la desfinanciación de programas sociales, constituye una forma indirecta de condenar a muchos jóvenes a la muerte. “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos”, advierten, y reclaman que el Estado aporte los fondos necesarios para sostener y ampliar la labor de contención y recuperación que realizan tanto la Iglesia como organizaciones de la sociedad civil.

La declaración se apoya en un reciente informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, que revela que el 51% de los jóvenes en barrios vulnerables afirma que la mayoría de sus amigos consume drogas, mientras que el 43% conoce a alguien que las vende. El estudio también alerta sobre el inicio del consumo a edades cada vez más tempranas, incluso desde los 9 años, y la reproducción intergeneracional del delito y la adicción.

En este contexto, la Iglesia pide a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que reconozcan y sostengan el trabajo territorial, aportando recursos para la prevención y la educación, pilares fundamentales en la lucha contra el narcotráfico. “Sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad, estaremos siempre corriendo detrás del problema”, concluyen los obispos, quienes agradecen la labor de voluntarios y llaman a no naturalizar la tragedia de las adicciones en los barrios populares.

Hasta el momento, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial al pronunciamiento episcopal, mientras el debate sobre el rol del Estado y la urgencia de políticas públicas efectivas sigue vigente en la agenda social argentina.