El gobierno nacional adjudicó la concesión del puente Rosario-Victoria y las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como la Ruta del Mercosur, a empresas de reconocida trayectoria en el sector vial argentino. La constructora rosarina Obring SA resultó ganadora para administrar el puente Rosario-Victoria, presentando una oferta de peaje de $3.385,80, cifra inferior al tope oficial de $4.050 y apenas por encima de la tarifa de referencia. Por su parte, Autovía Construcciones y Servicios SA, perteneciente al grupo Cartellone, se adjudicó la operación de las rutas 12 y 14 con una propuesta de $3.563,45, también por debajo del máximo permitido.

Este proceso de licitación, el primero bajo la gestión de Javier Milei, marca el inicio de un nuevo modelo de concesiones viales que combina capital privado y financiamiento estatal. Aunque inicialmente se anunció que no habría aportes públicos, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) habilitó una línea de crédito especial para respaldar a las empresas adjudicatarias, lo que permitió la presentación de ofertas más competitivas. "Para hacer obra pública hay que tener espalda. Y si las empresas no pueden lograrlo, para eso está el BICE", expresó Rubén Juan Gagliardo, directivo de Obring.

Las concesiones tendrán un plazo de hasta 30 años, durante los cuales las empresas deberán encargarse de la administración, mantenimiento y mejoras de los corredores viales. En el caso del puente Rosario-Victoria, las obras iniciales incluyen tareas de bacheo, reparación de juntas, sellado de fisuras y repintado integral del trayecto, consideradas urgentes por Vialidad Nacional.

El grupo Cartellone, adjudicatario de las rutas 12 y 14, enfrenta actualmente un juicio por presunto pago de coimas en la causa Cuadernos, aunque sus directivos aseguran que las obras se realizaron de manera transparente. Por su parte, Obring SA refuerza su perfil como referente de la ingeniería civil en la región, ampliando su participación en proyectos estratégicos de conectividad nacional.

La decisión de combinar capital privado con financiamiento estatal genera expectativas y críticas entre los usuarios, quienes deberán afrontar peajes superiores a los actuales en tramos clave para el tránsito pesado y turístico del Litoral argentino. El nuevo esquema busca garantizar la sostenibilidad de la infraestructura vial, aunque el impacto económico será seguido de cerca por los distintos actores involucrados.