El Gobierno argentino ha introducido cambios significativos en la Ley Nacional de Tránsito y el sistema de licencias de conducir, con el objetivo de modernizar y simplificar los trámites relacionados con la conducción. Entre las principales modificaciones, destaca la digitalización de la Licencia Nacional de Conducir, que ahora no tiene vencimiento pero requiere actualizaciones psicofísicas periódicas según la edad del conductor. Estas actualizaciones deben realizarse cada cinco años para personas entre 17 y 65 años, cada tres años para quienes tienen entre 65 y 70 años, y anualmente para mayores de 70 años.

Otro cambio importante es que las infracciones de tránsito ya no son un requisito para la transferencia de vehículos. Sin embargo, estas infracciones siguen asociadas al infractor y no se cancelan automáticamente, lo que podría generar complicaciones en otros trámites. Además, las infracciones leves caducan a los dos años y las graves a los cinco años, según lo establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En cuanto a las licencias profesionales, ahora podrán ser emitidas por jurisdicciones autorizadas, eliminando la necesidad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Esto busca descentralizar y agilizar el proceso, permitiendo que las provincias tengan un rol más activo en la emisión de estas licencias.

La digitalización de las licencias también incluye la posibilidad de realizar renovaciones de manera completamente digital, simplificando el proceso para los conductores. Sin embargo, en caso de no poder acceder a la licencia digital por falta de conexión o batería, se recomienda tener una captura del código QR actualizado para evitar inconvenientes durante controles de tránsito.

Estas reformas forman parte de un paquete de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde 2023, con el objetivo de modernizar el sistema de tránsito y reducir la burocracia. Aunque la digitalización y simplificación de trámites han sido bien recibidas por muchos, algunos sectores han expresado preocupación por la falta de claridad en la implementación de las nuevas normativas, especialmente en lo relacionado con las infracciones impagas.

En el contexto global, estas medidas se alinean con una tendencia hacia la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos. Sin embargo, su éxito dependerá de una adecuada infraestructura tecnológica y de la capacidad de las provincias para implementar los nuevos estándares de manera uniforme.