El Gobierno argentino implementó una medida preventiva que restringe el acceso a la Casa Rosada y la Cámara de Diputados a periodistas de varios medios señalados en una investigación internacional por presunta participación en una campaña de desinformación financiada por Rusia. La decisión, que afecta a medios como El Destape, La Patriada y A24, fue comunicada a los periodistas acreditados el lunes, generando sorpresa y preocupación en el ámbito periodístico.

Voceros oficiales justificaron la medida como una acción temporal hasta que se esclarezcan los hechos, aunque evitaron detallar el listado completo de medios afectados o la duración de la restricción. "Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos", señalaron fuentes gubernamentales. En contraste, desde el Senado, presidido por Victoria Villarruel, se aclaró que la restricción no se aplicará en esa cámara.

La controversia surge tras la publicación de una investigación periodística internacional que reveló el pago de más de 283.000 dólares para la publicación de más de 250 artículos en 23 medios digitales argentinos, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei. La filtración de documentos rusos, difundida por un consorcio de periodistas, detalla una campaña de "guerra híbrida" que incluyó la difusión de noticias verdaderas y falsas, el fomento de divisiones internas y el apoyo a la oposición.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por la posible injerencia extranjera y advirtió sobre el riesgo de que estas prácticas dañen la confianza pública en los medios. "Si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa", afirmó ADEPA, que también llamó a los medios a reforzar los procesos de verificación y a evitar generalizaciones que perjudiquen el ejercicio profesional del periodismo.

En paralelo, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia judicial para investigar si las operaciones descritas constituyen delitos de inteligencia o atentados contra el orden constitucional. La investigación cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, lo que, según Monastersky, otorga credibilidad al caso.

El episodio se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y la prensa, marcado por denuncias de operaciones mediáticas y debates sobre la libertad de expresión. El desenlace de la investigación judicial y las medidas adoptadas por el Ejecutivo serán determinantes para el futuro de la relación entre el poder político y los medios en la Argentina.