Emmanuel Kovalivker, accionista de la Droguería Suizo Argentina, quedó en el centro de una investigación judicial tras el hallazgo de más de u$s260.000 y $7.000.000 en efectivo en su vehículo, durante un operativo realizado en Nordelta. El procedimiento, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, fue parte de una serie de 14 allanamientos simultáneos en el marco de una causa que investiga presuntos sobornos a proveedores de salud vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La investigación se disparó tras la filtración de audios en los que el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, describía un esquema de retornos del 8% a proveedores, con un supuesto reparto que dejaba un 3% en manos de Karina Milei, hermana del presidente, y mencionaba también a Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo aseguró en los audios que había discutido estos manejos directamente con el Presidente, lo que elevó el perfil político del caso.

Durante los allanamientos, la Justicia secuestró documentación contable, agendas, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos tanto en domicilios privados como en la sede de la droguería. Además, se incautaron cajas con papeles en el laboratorio de la compañía y archivos vinculados a contrataciones por más de $10.800 millones. El dinero encontrado en el auto de Kovalivker es considerado por los investigadores como una posible pieza clave para determinar si formaba parte de un circuito mayor de pagos ilegales o si respondía a otra operatoria aún no revelada.

La Droguería Suizo Argentina, fundada en La Plata y actualmente controlada por la familia Kovalivker, ocupa un rol estratégico en la provisión de insumos médicos tanto para el sistema público como privado. El escándalo pone bajo la lupa a una empresa con décadas de trayectoria y contratos millonarios con el Estado, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en organismos estatales.

El caso ha generado sorpresa en el mundo empresarial y político, mientras los investigadores advierten que la causa está "en construcción" y que aún quedan muchos cabos sueltos por esclarecer. El avance del expediente y el análisis del dinero incautado serán determinantes para el futuro de la investigación y sus posibles implicancias en el sector salud y en la política nacional.