Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido este domingo en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la Fiscalía Federal de Bariloche. La detención fue ejecutada por la Policía Federal Argentina y comunicada oficialmente por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien destacó la importancia de la medida para garantizar la paz en la región patagónica.

La causa que motivó el arresto fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y el gobierno de Chubut, tras declaraciones públicas de Jones Huala en las que reivindicó sabotajes y atentados incendiarios contra infraestructuras asociadas al sistema capitalista, transnacionales y terratenientes. Según la acusación, sus dichos constituyen apología del delito, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y asociación criminal.

La ministra Bullrich expresó en redes sociales: “La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”. Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, vinculó los recientes incendios en la región con la agrupación mapuche y reclamó una respuesta judicial contundente.

La detención se produjo cuando Jones Huala se disponía a abordar un colectivo hacia Bariloche. Fuentes policiales confirmaron que el operativo fue resultado de tareas de vigilancia e investigación, tras identificar su paradero en El Bolsón. El referente mapuche quedó a disposición de la Justicia Federal de Bariloche, donde se instruye la causa.

Jones Huala, nacido en Bariloche, ya había sido detenido en enero de este año por intento de robo de vehículos en El Bolsón, aunque en esa ocasión fue liberado poco después. Además, cumplió casi cuatro años de prisión en Chile por el incendio de una vivienda en un fundo.

El conflicto mapuche y los reclamos territoriales han generado tensiones y episodios de violencia en la Patagonia en los últimos años. Mientras el gobierno nacional y provincial insisten en la necesidad de mantener la seguridad y el orden, sectores sociales y políticos debaten sobre la criminalización de la protesta y la legitimidad de los reclamos indígenas. El caso de Jones Huala vuelve a poner en el centro de la agenda pública la compleja relación entre el Estado, las comunidades originarias y la seguridad en el sur argentino.