El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento en el Senado del proyecto de ley impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que buscaba flexibilizar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La iniciativa, que pretendía modificar la Ley 26.737 y eliminar los límites actuales a la propiedad extranjera de tierras, generó intensos debates tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

La sesión en la Cámara Alta estuvo marcada por desacuerdos internos y negociaciones de último momento. Según fuentes legislativas, el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Patricia Bullrich, solicitó el aplazamiento del debate tras una serie de tensiones relacionadas con la aprobación de pliegos judiciales. El peronismo y aliados lograron reunir los votos necesarios para frenar el capítulo de tierras, lo que llevó a que el oficialismo optara por postergar la discusión sin una nueva fecha definida.

El proyecto de Sturzenegger había sido objeto de arduas discusiones en comisiones, donde se modificaron numerosos artículos. La esencia de la iniciativa era permitir una mayor apertura a la inversión extranjera en tierras rurales, bajo el argumento de atraer divisas y fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, críticos como Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, advirtieron que la reforma podría derivar en la privatización total de la tierra argentina y una pérdida significativa de soberanía nacional. "La tierra es un bien irreproducible y limitado. El que la tiene, la tiene. No es como el capital o el trabajo", afirmó Volkind.

Actualmente, la legislación vigente establece que no más del 15% de la superficie nacional, provincial o departamental puede estar en manos extranjeras. El Gobierno sostiene que la flexibilización es necesaria para dinamizar la economía, mientras que sectores opositores y organizaciones sociales consideran que la medida pone en riesgo el control sobre recursos estratégicos y el territorio nacional.

El episodio también dejó en evidencia las tensiones internas en el oficialismo, con acusaciones cruzadas entre Karina Milei, Patricia Bullrich y otros referentes sobre la gestión de los pliegos judiciales y la administración del debate legislativo. Por el momento, no hay una fecha definida para retomar el tratamiento del proyecto, y el tema sigue generando controversia en el ámbito político y social.