El pasado 30 de junio, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue epicentro de una protesta sindical tras la decisión del Gobierno nacional de no renovar 61 contratos de trabajadores. La medida, que el Ejecutivo insiste en calificar como una "no renovación" y no como despidos, generó una fuerte reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ocupó la sede central del organismo en el barrio porteño de Núñez.

Según fuentes oficiales, los contratos afectados fueron suscritos en 2023 bajo la gestión anterior y corresponden mayoritariamente a personal administrativo sin formación terciaria o universitaria. "No hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el plantel técnico-especializado que sostiene las operaciones del organismo", aseguraron voceros del Gobierno. Además, la reducción de personal se enmarca en un programa más amplio de ajuste en la administración pública, que ya suma miles de bajas y retiros voluntarios en distintos organismos estatales.

Sin embargo, desde el sindicato ATE y la CTA Autónoma, la medida fue calificada como un "vaciamiento" del sector nuclear. Los gremios sostienen que entre los desvinculados hay profesionales y técnicos con experiencia en áreas críticas, y advierten sobre el impacto negativo en proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM y la soberanía tecnológica nacional. "Cada puesto de trabajo que se pierde significa menos desarrollo y menos capacidad para sostener proyectos estratégicos para nuestro país", expresó Rodolfo Kempf, dirigente de ATE y trabajador de la CNEA.

La protesta sindical derivó en incidentes cuando efectivos de Gendarmería ingresaron al edificio para retirar a las autoridades, en medio de empujones y enfrentamientos con los manifestantes. Un efectivo resultó herido y se reportaron daños materiales. El presidente de la CNEA, Martín Porro, no se presentó ante los trabajadores durante la ocupación, lo que fue criticado por los gremios.

El conflicto en la CNEA se inscribe en un contexto de ajuste estatal más amplio y ha reavivado el debate sobre el futuro del sector nuclear argentino. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de una racionalización de recursos, los sindicatos advierten sobre el riesgo de perder capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas.