La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes suspender la orden que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco del litigio por la reestatización de la petrolera estatal. La decisión judicial representa un alivio para el gobierno argentino, que podrá mantener el control de YPF mientras avanza la apelación, evitando la pérdida de un activo estratégico y el pago inmediato de una indemnización multimillonaria.

El fallo de la jueza Loretta Preska, dictado el 30 de junio, había ordenado la entrega de acciones como garantía en el proceso judicial. Sin embargo, la defensa argentina argumentó la inmunidad soberana y la protección de activos estatales, logrando que la Corte suspendiera la medida. Además, la Corte aceptó la participación del gobierno estadounidense como "amicus curiae", lo que se considera un respaldo importante para la posición argentina.

El monto reclamado por Burford Capital asciende a 16.100 millones de dólares, más intereses diarios, aunque expertos estiman que la cifra final podría reducirse sustancialmente. La sentencia de fondo podría resolverse recién a mediados de 2026, y el proceso de apelación comenzará con audiencias en octubre. El caso podría incluso llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital adquirió el litigio y reclama el pago por supuestas irregularidades en la estatización. El caso pone en juego la soberanía argentina y la protección de activos estatales frente a fondos especulativos internacionales.

Expertos y funcionarios argentinos consideran el fallo como un "respiro enorme" y una victoria temporal, especialmente en el contexto electoral que atraviesa el país. El gobierno argentino planea utilizar el fallo como argumento político en la campaña, mientras advierte que el proceso legal aún puede extenderse y que el monto final podría ser mucho menor al reclamado inicialmente. La decisión judicial evita sanciones por desacato y posibles complicaciones financieras y políticas para la administración nacional.

La participación del gobierno de Estados Unidos como "amigo de la corte" refuerza la defensa argentina y podría influir en el desenlace del litigio. Por ahora, Argentina conserva el control de YPF y gana tiempo para preparar su defensa en una disputa que podría sentar precedentes sobre la jurisdicción de jueces estadounidenses en casos que involucran activos de estados soberanos.