El Gobierno nacional oficializó a comienzos de 2026 una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles líquidos, lo que generó un aumento inmediato en los precios al consumidor en todo el país. La medida, implementada a través del decreto 929/25, elevó el precio de las naftas en aproximadamente 17 pesos por litro y el gasoil en 19 pesos, según confirmaron fuentes del sector.

La actualización responde a la ley 23.966, que establece ajustes trimestrales de los impuestos conforme al índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de postergar la aplicación de estos incrementos, una práctica que se mantuvo durante las gestiones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei para evitar un mayor impacto en los precios finales. En esta oportunidad, el Gobierno decidió aplicar solo una parte de los aumentos pendientes en enero de 2026 y postergar el resto para febrero, con el objetivo de dosificar el impacto sobre el consumo y los costos logísticos.

Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni), explicó que el ajuste busca equiparar los valores al primer trimestre de 2025, aunque reconoció que existe un retraso en la actualización. "El aumento es de 17 pesos en las naftas y 19 pesos en el gasoil, lo que equipara los valores al primer trimestre de 2025", detalló Boz. Por su parte, Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, advirtió que el precio actual aún no refleja su "valor real" y estimó que falta un 10% de suba para alcanzar el nivel necesario para cubrir los costos.

El consumo de combustibles mostró una caída en 2025, con una baja del 15% en gasoil y del 3% en naftas respecto al año anterior, aunque las naftas premium mantuvieron su nivel de ventas. El Gobierno también dispuso aumentos en los biocombustibles, que inciden en el precio final de los combustibles en las estaciones de servicio.

Desde el sector estacionero, las críticas se centraron en el impacto de la medida sobre el consumo y los costos, así como en el incumplimiento de la promesa oficial de no aumentar impuestos. Marcelo Espíndola, referente de los estacioneros, recordó que el Gobierno había asegurado que no habría subas impositivas. El Ejecutivo, por su parte, argumenta que la actualización es necesaria para evitar distorsiones en el mercado y garantizar la recaudación fiscal.

La medida anticipa nuevas subas para febrero, en un contexto de precios de combustibles que en 2025 acumularon un alza superior al 40%, superando la inflación anual. El sector espera que la economía se reactive para mejorar los niveles de venta, mientras persiste la preocupación por el impacto de los aumentos en el presupuesto familiar y en la logística de producción.