La provincia de Santa Fe atravesó una de las peores crisis policiales de los últimos tiempos, con epicentro en Rosario, tras el suicidio de un agente y el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad. Durante más de 72 horas, policías activos y familiares se manifestaron frente a la Jefatura Regional II, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales. El conflicto se resolvió este miércoles, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto que establece un nuevo piso salarial para todo el personal policial y penitenciario.

Según el decreto, ningún agente percibirá menos de $1.350.000 mensuales, cifra que se incrementa para quienes cumplen tareas operativas en ciudades de alta conflictividad, como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y Santo Tomé. Los policías que conducen patrulleros recibirán un plus, alcanzando ingresos de hasta $2.334.535. Además, se duplicó el monto de la Tarjeta Alimentaria Policial, que pasó de $84.000 a $168.000, y se implementaron beneficios adicionales para transporte, alojamiento y gabinete psicológico.

El gobernador Pullaro reconoció el reclamo como "justo y genuino" y destacó el esfuerzo provincial para garantizar la seguridad pública. "Ningún policía de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo el personal técnico", afirmó en conferencia de prensa. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, elogió la labor policial y pidió retomar tareas, aunque la protesta continuó hasta que el decreto fue firmado y comunicado oficialmente.

Durante la manifestación, el patrullaje se mantuvo en un 90% gracias al apoyo de fuerzas federales. El conflicto también expuso la falta de representación sindical de la policía, que no tiene derecho a huelga, y puso en agenda la salud mental de los agentes, con 560 efectivos bajo seguimiento psicológico. La crisis impactó en otros sectores estatales, como salud y educación, que iniciaron paritarias en paralelo.

La baja histórica en homicidios en Santa Fe fue señalada por el gobierno como resultado de políticas de seguridad sostenidas. Sin embargo, la extensión del conflicto policial generó críticas de la oposición y la circulación de decretos falsos en redes sociales. El acuerdo alcanzado condiciona futuras negociaciones estatales y marca un precedente en la relación entre el gobierno provincial y las fuerzas de seguridad.